Durante años, las políticas de drogas se han contado casi exclusivamente desde la perspectiva del delito, el mercado o el tratamiento (orientado a la abstinencia) de las personas adultas. Mucho menos se ha hablado de cómo estas políticas atraviesan la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes que crecen en familias afectadas por el consumo de sustancias. Sin embargo, cuando miramos con atención, vemos que muchas de las respuestas institucionales chocan con lo que establece la Convención sobre los Derechos de la infancia: el derecho a la salud, a vivir en familia siempre que sea posible, a ser protegidos/as sin ser estigmatizados/as y a que su voz cuente.

En este contexto de incumplimientos y tensiones, han ido surgiendo experiencias valiosas desde la sociedad civil, redes profesionales y organismos internacionales que muestran otra forma de hacer las cosas. No son teorías abstractas: son prácticas concretas, con nombres, personas y aprendizajes acumulados. Son, además, una brújula para repensar las políticas de drogas a nivel local y estatal.

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