La FCD pide menos cárcel y más tratamiento para las personas con adicciones que llegan a los juzgados

La FCD pide menos cárcel y más tratamiento para las personas con adicciones que llegan a los juzgados
17 Noviembre, 2026 - 12:00

La Federació Catalana de Drogodependències i altres addiccions (FCD) celebró el pasado 29 de octubre su XXI Jornada Anual en el Palau Macaya de Barcelona bajo el lema «Repensando los derechos en las políticas de justicia y drogas. Otra justicia, menos punitiva y más reparadora, es posible». El encuentro reunió a representantes de los ámbitos judicial, penitenciario, sanitario y social, profesionales de la red de atención a las adicciones, entidades, familias y personas con experiencia propia.

Entre las intervenciones, la abogada Juana de la Rosa Calero defendió la necesidad de incorporar las circunstancias personales y psicosociales a las decisiones judiciales; la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena presentó la experiencia del Servicio de Asesoramiento e Información en Adicciones en el Ámbito de la Justicia (SAJIAD), y la magistrada Carmen Guil reflexionó sobre los retos que plantean las adicciones y los nuevos patrones de consumo en el ámbito judicial. La jornada se cerró con un reconocimiento al Dr. Joan Colom, exsubdirector general de Adicciones de la Generalitat de Catalunya.

Cinco obstáculos

La jornada identificó varios puntos débiles en la respuesta a las personas con adicciones que entran en contacto con el sistema judicial:

  • Falta de detección desde el inicio del procedimiento. Las adicciones, los problemas de salud mental, las discapacidades no diagnosticadas, la violencia machista o la pobreza no siempre se tienen en cuenta. La FCD propone recoger esta información desde el momento de la detención y trasladarla a los operadores jurídicos mediante informes sociales y valoraciones especializadas.
  • Falta de formación de jueces, fiscales, abogados y forenses en adicciones, salud mental y vulnerabilidad social.
  • Insuficiencia de medidas alternativas a la prisión. Se reclama priorizar el tratamiento comunitario, las penas alternativas, la mediación penal y la justicia restaurativa.
  • Escasez de recursos especializados en las prisiones. La privación de libertad no debería suponer la pérdida de derechos ni la interrupción de la atención: acceso a tratamiento, reducción de daños, prevención de sobredosis y formación profesional.
  • Falta de continuidad asistencial al salir de prisión, un momento clave para prevenir recaídas y situaciones de desprotección.

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