Cada 25 de noviembre repetimos cifras, discursos y compromisos institucionales. Sin embargo, tres décadas después de Beijing+30 y de los reiterados avisos de ONU Mujeres, la realidad sigue siendo la misma: la violencia estructural contra las mujeres continúa intacta, y algunos de sus pliegues más profundos permanecen invisibles. Uno de ellos es la intersección entre violencia de género, consumo de sustancias y trauma, una realidad cotidiana para miles de mujeres que sigue fuera de políticas públicas, de currículos universitarios y de la mirada clínica dominante. La consecuencia es devastadora: se patologizan síntomas que son respuestas lógicas al trauma y se responsabiliza a las sustancias de actos que nacen del patriarcado.

La narrativa simplista —la que atribuye la violencia a los consumos, especialmente a los consumos de los agresores— opera como un velo político y social que desvía la atención del origen real: la desigualdad estructural que sostiene la dominación masculina. Si el consumo fuese la causa, la violencia desaparecería cuando la sustancia desaparece. Pero no es así. La violencia de género persiste en la sobriedad, crece en la abstinencia y se reproduce en los espacios donde las drogas nunca han estado presentes. Culpar a las sustancias es un atajo cómodo, una manera de evitar la incomodidad de mirar de frente al sistema que produce, permite y justifica la violencia contra las mujeres.

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