La nueva Lei de Protección da Saúde das Personas Menores e Prevención de Conductas Adictivas establece nuevas obligaciones a los ayuntamientos, a los que exige contar con personal técnico especialista y desarrollar y ejecutar planes y programas de prevención de adicciones. Esta imposición ha sido criticada por el Consello Económico e Social (CES) que advierte que no todos los ayuntamientos disponen de medios suficientes. La Xunta ha atendido la demanda del órgano consultivo y ha incorporado «expresamente» a la norma «el apoyo financiero del Gobierno gallego para estas actividades».

De esta manera, la Administración autonómica contribuirá económicamente con los concellos para que ejecuten estos planes de prevención de adicciones. Así, se prevé «colaborar» con las entidades locales mediante «la firma de convenios».

La nueva Lei de Protección da Saúde das Personas Menores ha sido aprobada esta semana por el Consello de la Xunta e iniciará ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor antes de que acabe el año. Esta norma prohibirá a los menores de edad tanto la compra como el consumo de bebidas energéticas y cigarrillos electrónicos, equiparando estos al alcohol y al tabaco, respectivamente.

Se trata de una norma pionera, que además establece elevadas sanciones por consumir alcohol en la calle que van desde los 3.005 euros y pueden llegar a los 120.202 en caso de reincidencia.

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